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Buscan exhortar al Gobernador para que informe sobre los protocolos y lineamientos que aplican en las movilizaciones y protestas sociales

Guanajuato, Gto.- La diputada María Magdalena Rosales Cruz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, a fin de exhortar al Gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para que por su conducto instruya al Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, a que informe al Congreso del Estado los protocolos, lineamientos y/o disposiciones generales bajo las cuales actúa en la atención a las movilizaciones y protestas sociales, en el marco de los derechos humanos a la libertad de petición, expresión y asociación.

De igual manera para que proporcione un informe detallado sobre la utilización desproporcionada de la fuerza pública en el caso de la comunidad Nuevo Pantoja de San Miguel de Allende el pasado 14 de mayo.

En la exposición de motivos, la diputada recordó que el pasado 14 de mayo, vecinos de la comunidad de Nuevo Pantoja de San Miguel de Allende se manifestaron con el cierre de un tramo del libramiento Manuel Zavala, a fin de ser escuchados por las autoridades municipales.

Detalló que sus peticiones consisten en tarifas justas para el servicio de agua potable, instalación de medidores individuales, así como agua para su comunidad.

Al respecto, señaló que los elementos antimotines de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato se presentaron en la manifestación y con el fin de retirar a los ciudadanos, comenzaron a abrirse paso a la fuerza, reprendiéndoles de manera desmesurada.

“La represión se salió de control pues los manifestantes se defendieron con lo que tenían a su paso, de modo que la manifestación pacífica se convirtió en un enfrentamiento entre quienes deberían velar por la seguridad de la ciudadanía y precisamente, por la ciudadanía que se manifiesta por hacerse escuchar…Las manifestaciones y protestas ciudadanas no se responden con violencia ni con fuerza pública, independientemente de si es considerada como causa justa o no”, expuso.

La diputada refirió que en varias ocasiones ha hecho llamados al titular de la Secretaria de Seguridad Pública para que modifique sus protocolos de respuesta a las exigencias de la ciudadanía y no se utilice la fuerza para resolver conflictos, protestas, o los conflictos expresados por la población, menos cuando son provocados por la ineficacia de las instituciones.

“Nos interesa conocer los criterios que consideran las autoridades al mando de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para tomar la decisión de reprimir manifestaciones legítimas, pues no es la primera vez que esto sucede y es sumamente preocupante que la inseguridad en el estado vaya innegablemente a la alza, llevándonos a escenarios caóticos y represivos, y que las fuerzas de seguridad con las que cuenta el estado no sean enfocadas en combatir la inseguridad, sino reprimir las expresiones de la sociedad”, finalizó.

Al hablar en contra de la propuesta, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo invitó a su homóloga a conocer los procedimientos legislativos, ya que existen los lineamientos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo para solicitar información a las dependencias estatales, organismos o instituciones. Asimismo, mencionó que la información solicitada por su homóloga debería ser pedida a la federación, pues es la encargada expedir los protocolos de atención a manifestaciones.

En rectificación de hechos, la legisladora Magdalena Rosales señaló que es obligación de las diputadas y los diputados escuchar a sus representados y solicitar información. Además, subrayó que es indignante ver el uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad al acudir a las manifestaciones ciudadanas.

Por su parte, la diputada Libia García reiteró que el punto de acuerdo no tiene sustento e invitó a su homóloga a acudir a las instancias pertinentes para denunciar lo que menciona en la propuesta.

La diputada Magdalena Rosales señaló que su objetivo es conocer por qué los elementos de seguridad actuaron de manera violenta durante la manifestación.
La solicitud de obvia resolución fue aprobada; sin embargo, la propuesta de punto de acuerdo no fue aprobada y se ordenó su archivo definitivo.