Aprueba Congreso del Estado establecer el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso aprobó reformas a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y promover un marco jurídico que tienda a perfeccionar la regulación u actualización del padrón vehicular del Estado.

La ley establece que están obligadas al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos de transporte privado, siempre que el Estado expida las placas de circulación a dichos vehículos.

Los contribuyentes pagarán este impuesto durante los primeros tres meses, mediante las formas y medios que se autoricen por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y se realizará de manera simultanea con los derechos por refrendo anual de placas y tarjeta de circulación y será requisito para realizar trámites en el Padrón Vehicular Estatal, al cual deberán registrarse las personas físicas y morales con actividad empresarial.

Todos los vehículos, incluidas motocicletas contarán con un monto exento de $500,000.00. Cuando el valor total del vehículo sea superior a este monto, el impuesto que se cause será la cantidad que resulte de disminuir al valor del vehículo el monto exento y aplicar al excedente la tasa del 4 por ciento prevista en la Ley de Ingresos para el Estado.

Asimismo, quedan exentos del impuesto sobre la tenencia los vehículos eléctricos; los importados temporalmente; los del Estado utilizados para la prestación de servicios públicos de rescate, patrullas, transportes de limpia, pipas de agua, servicios funerarios, vehículos propiedad de instituciones de beneficencia, de bomberos y ambulancias; vehículos al servicio de misiones diplomáticas y consulares; los que tengan para su primera enajenación, los fabricantes, las ensambladoras, distribuidores y comerciantes; aquellos cuyo modelo tenga más de 10 años de antigüedad; vehículos destinados al transporte público; autobuses, remolques y camiones referidos en la Ley de Movilidad; y los vehículos para discapacitados.

Además, los vehículos propiedad de personas físicas de 65 años o más, deberán pagar solamente el 50 por ciento del impuesto.

En relación con la baja administrativa oficiosa de vehículos y registros en el Padrón Estatal Vehicular, se establece la facultad de la autoridad fiscal para declarar la «baja oficiosa» en los siguientes tres supuestos: 1) cuando las entidades federativas informen de manera oficial que han causado alta en sus padrones respectivos; 2) los que cuenten con adeudos por concepto de pago de refrendo anual de placas metálicas y tarjeta de circulación por seis ejercicios fiscales y que el año del modelo sea de 40 años o más; y 3) las placas de Demostración o Traslado que hayan sido expedidas conforme a las abrogadas Ley de Tránsito y Transporte del Estado y el Reglamento de Tránsito de dicha ley, y que las personas a quienes se les otorgó, hayan presentado el aviso correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes para cesar la actividad comercial de compraventa de vehículos.

De igual manera, se prevé un procedimiento administrativo que deja a salvo los derechos adquiridos de los propietarios de aquellos vehículos que encuentran en las situaciones de hecho, esto con el fin de brindar la posibilidad de que regularicen el registro obtenido previamente, a fin de propiciar mayor certeza jurídica para la sociedad y para los propietarios de vehículos de motor, generado un impacto directo a la seguridad pública, ya que se contaría con datos actualizados que circulan en el territorio del estado.

Para hablar en contra del dictamen hicieron uso de la tribuna la diputada Celeste Gómez Fragoso y el diputado Raúl Humberto Márquez Albo.

Gómez Fragoso, a nombre de su grupo parlamentario, dijo que desde un inicio ellos se habían pronunciado por una política fiscal para no tener nuevas cargas tributarias para los ciudadanos, ya que debían ser comprensivos y sensibles con las necesidades de sus representados.

Dijo que los guanajuatenses nunca han sido reacios a cumplir, pero sí cuando las contribuciones no eran justas sino excesivas, y más cuando creían que había dispendio en el gasto.

La legisladora agregó que el clima social no era el más adecuado para proponer la creación de nuevos impuestos ni revivir cadáveres fiscales como el impuesto de la tenencia, “la gente no quiere más impuestos que no considera justificados”, apuntó.

Indicó que si bien tenían claro el tema de las necesidades del gasto público rechazaban la medida de tratar de solucionarlo con el aumento de impuestos, y precisó que lo sensato estaba en el control del gasto de qué, cómo y dónde instrumentar un recorte al gasto.

“No tiene razón de ser y resulta ocioso por la cantidad que aporta. No tratemos de engañar a los contribuyentes, se trata de crear el impuesto para que en los subsecuentes se vayan disminuyendo las excepciones y terminen pagando todos los tenedores de vehículos”, afirmó Gómez Fragoso.

Mientras tanto, el diputado Raúl Márquez Albo enlistó las cuestiones del dictamen que agravian a los guanajuatenses, entre ellas se encuentra la creación de un nuevo impuesto que en un futuro todos los ciudadanos tendrán que pagar, de acuerdo con la redacción de la ley.

Hizo la comparación con el aumento en los montos en otros rubros del presupuesto que consideró que no representan ningún ahorro para la ciudadanía. Asimismo, invitó a los legisladores a votar a favor del voto particular que formuló, con el que se propone el archivo del dictamen en cuestión.

El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos. Al ser sometido a discusión en lo particular, la diputada Vanessa Sánchez Cordero se reservó los artículos 48-A al 48-I del dictamen. Indicó que dentro de las justificaciones que se han dado para instaurar este impuesto no ha encontrado alguno que motive su regreso e insistió que la tenencia no es el camino correcto.

Apuntó que, si bien se logró eliminar el cobro de la tenencia para los vehículos para personas con discapacidad y para el transporte público, se debe ir por la eliminación completa del impuesto. Asimismo, señaló que sería mejor dar incentivos para la movilidad en el estado y una mejor calidad de vida. Finalmente. Hizo un llamado al gobierno estatal para revalorar el impacto del cobro de la tenencia, el cual podría ser contraproducente. Esta propuesta no fue aprobada.

En este mismo punto, los diputados Raúl Márquez Albo y Ernesto Prieto Gallardo presentaron voto particular en relación con el presente dictamen, específicamente respecto a la adición del capítulo referente al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, toda vez que se mostró en desacuerdo con la aprobación en las Comisiones dictaminadoras.

En la exposición de motivos, se manifiesta que la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado tiene un impacto negativo en la economía de las y los guanajuatenses, al pretender realizar diversas adiciones a la Ley de Hacienda para el Estado respecto a la imposición de un nuevo tributo como lo es la tenencia vehicular.

Se plantea que a consecuencia que recibiría la ciudadanía sería una disminución en su patrimonio, ya que en ningún momento se da razón de los beneficios del contribuyente, además de que el sector económico bajaría sus activos, al bajar la compraventa por la migración de su economía de la sociedad destinada a la venta de automóviles.

Además, respecto a la baja oficiosa del padrón vehicular, no se comparte el criterio respecto a la oficiosidad con que pueda actuar la autoridad, pues con ello se violentan principios jurídicos como el de la notificación personal para que el ciudadano pueda conocer el proceso iniciado en su contra.

La propuesta de los diputados plantea el archivo definitivo de la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado. Esta no fue aprobada.